Estimado Ministro,

pocos días después de escribirle mi última carta en la que le enumeraba algunos de los que, a mi juicio, no son más que mitos de la progresía en el ámbito educativo, he tenido ocasión de leer el capítulo educativo del informe “España 2025” elaborado por el Colegio Libre de Eméritos y redactado por Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez.

Constituye, a mi juicio, un análisis global de la historia, la situación actual y las posibles vías de solución al deterioro paulatino de la educación española. Tiene la virtud de refrendar con datos objetivos e incontestables sus análisis situándolos fuera del ámbito de la especulación o la ideología, por lo que lo considero idóneo como punto de partida para una serena y completa reflexión sobre la educación española.

Son muchos los párrafos que quisiera haber transcrito en esta carta pero he de limitarlos a los estrictamente indispensables y, por coherencia, limitar mis apuntes personales a los subrayados en unos textos que son fundamentados y claros en su exposición.

Adjunto, para el lector inquieto, el documento completo en formato pdf con mis personales subrayados por si facilitan una lectura rápida a los más ocupados.

I. Importancia de las políticas educativas y razones de su evolución histórica

la política educativa es crucial para el desarrollo económico y las imbricaciones de éste a largo plazo con el nivel cultural y educativo de la población son evidentes. El problema que España tiene hoy en esta materia radica en la quiebra de los valores educativos tradicionales y en la falta de un nuevo paradigma.

La transición política tras el franquismo produjo una reacción contra los valores que a éste se le habían atribuido, como el orden, la disciplina, el centralismo político, el nacionalismo español, el catolicismo, etc. El péndulo osciló en la dirección opuesta y los efectos han sido tan nefastos como en la situación anterior: a la disciplina han sucedido los “derechos”; al esfuerzo, las becas para todos; a la selección de profesores, el sindicalismo. El resultado ha sido un estancamiento, cuando no un deterioro, en los niveles educativos, como muestran los mediocres resultados en todas las clasificaciones comparativas internacionales.

Una política de fomento de las élites ha dado un gran resultado en el deporte; una política de baja exigencia en educación ha tenido como consecuencias inmediatas el bajo nivel educativo, el alto desempleo y la baja remuneración, además de la fuga de cerebros entre los mejor cualificados.

II. Análisis de la confrontación educación pública / educación privada

En España se da por supuesto que la educación pública es superior a la privada

La consecuencia de estos poderosos argumentos tanto a favor como en contra de la educación pública es que resulta muy peligroso hacer afirmaciones tajantes, y que el óptimo estará en una combinación de educación pública y privada, variando las proporciones en función del nivel educativo y de las características y preferencias sociales. La financiación pública es necesaria, pero no así la provisión pública directa del servicio, y menos en condiciones de monopolio o exclusividad, como persiguen muchos de los que argumentan contra la iniciativa privada en educación.

Otra afirmación frecuente en defensa de la educación pública sostiene que las deficiencias de ésta no son intrínsecas, sino debidas a una financiación insuficiente.

El problema aquí está en definir qué es “suficiencia”, y sobre quién debe recaer la carga de esa financiación. En España, como veremos, los aumentos en el nivel de transferencias públicas al sector educativo han tenido escaso reflejo en una mejora de los indicadores de resultados, lo cual parece sugerir que la pretendida escasez de financiación no es el problema más importante.

Hacia un sistema mixto

Nosotros proponemos abandonar el sistema centralista de servicio público, del que hablaremos más tarde, y adoptar un sistema mixto de instituciones privadas y públicas, con un mínimo de intervención estatal, un sistema mixto de financiación, tanto para las escuelas y universidades públicas como para las privadas. Ni el Estado –ni las Comunidades Autónomas— dictarían lo que aquéllas tienen que enseñar ni cómo deben organizarse; su papel sería la supervisión y financiación por criterios objetivos de resultados tanto a los centros y universidades públicos como a los privados.

III. La situación de la enseñanza secundaria: los mitos injustificados

(…) para explicar esta mala situación se recurre a “los sospechosos habituales” (…): la falta de apoyo a la enseñanza pública, que supuestamente delata la mera existencia de centros concertados –con financiación pública y gestión privada— y privados; la insuficiencia del gasto público, siempre medido en relación al PIB; el exceso de trabajo de los profesores, que acogen en sus aulas multitud de estudiantes, y su escasa remuneración; o, finalmente, el nivel socioeconómico de las familias, contra el que resulta imposible luchar desde la escuela. Sin embargo, algunos de los indicadores que miden estas variables nunca han sido mejores en España y son, de hecho, mejores que los de países que obtienen resultados superiores.

Así pues, el aumento del gasto público en educación no universitaria, destinado a atender un número decreciente de estudiantes, no ha contribuido a mejorar los resultados del único control de seguimiento, PISA, en el que han participado los estudiantes españoles. Tampoco ha contribuido a ello el que los profesores españoles estén mejor pagados o atiendan a clases más pequeñas, por lo que no puede afirmarse que los sospechosos habituales sean los verdaderos culpables. Quizá habría que plantearse qué impacto tienen sobre tan pobres resultados académicos, por ejemplo, el exceso de regulación administrativa y la falta de supervisión externa de los resultados obtenidos, además de temas más etéreos como la cultura de la responsabilidad y el esfuerzo personal.

IV. El papel de la administración: control para la mejora sobre indicadores objetivos

la enseñanza obligatoria en España ha carecido de mecanismos de seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para cada nivel educativo.

Las pruebas “de conocimientos y destrezas” en la Comunidad de Madrid, y las “evaluaciones” en la ley de 2006, son voluntarias y carecen de efectos en el curriculum del estudiante. Se trata de meros mecanismos de seguimiento que, bien diseñados, podrían proporcionar al sistema la información necesaria para identificar tanto problemas o carencias como éxitos educativos. Esta información, objetiva y externa al propio centro educativo, a los profesores y a los propios estudiantes, es necesaria como mecanismo de mejora. Los exámenes externos con validez en el historial académico de los estudiantes, administrados por el Estado generalmente, proporcionan además un claro incentivo y motivación a los estudiantes para superarse. España carece hoy por completo de este tipo de exámenes en la enseñanza primaria, secundaria obligatoria y secundaria superior. La excepción es, quizá, el Examen de Selectividad

V. Selección del profesorado

Hay otro tema crucial al que por lo general no se le da la debida importancia y sobre el que, de hecho, carecemos de comparaciones internacionales: el proceso de selección y evaluación del profesorado.

En primer lugar, la carrera de Magisterio (…) tiene las notas de corte de selectividad más bajas de la universidad, es decir, admite a los peores estudiantes. En segundo lugar, la formación impartida, de ciclo corto en muchas ocasiones, ha tendido a primar los temas meramente pedagógicos, más teóricos que prácticos, frente a la formación en contenidos. Por estrictas que sean las oposiciones para entrar en el cuerpo de Maestros y profesores de enseñanza secundaria, el nivel de éstos no puede ser muy alto cuando los opositores ostentan un título devaluado. En Finlandia, por el contrario, se piensa que la enseñanza no universitaria es muy importante y se ha establecido un numerus clausus muy restringido, con exámenes de entrada rigurosos, para poder cursar los estudios que permiten ser maestro.

 VI. Posibles remedios

las leyes educativas parecen más inspiradas por los vaivenes de la política y por ocurrencias ocasionales, que por un modelo racional y coherente que persiga dar un servicio acorde con las necesidades sociales, y mucho menos por un consenso de políticos y estudiosos.

A diferencia de lo que plantean algunos, la solución no requiere seguir aumentando el gasto público hasta alcanzar un determinado porcentaje de la renta (…). Tampoco exige, como propone cada nuevo Gobierno, central y autonómico, regular aún en mayor detalle qué deben enseñar, y cómo, las escuelas de primaria, los institutos de secundaria e incluso las universidades.

Ambas medidas, aumento del gasto y de la regulación, han sido una constante del sistema educativo español desde la transición y, como hemos visto, ninguna ha contribuido a paliar el déficit educativo

Lo que se impone es una verdadera reforma que conlleve un cambio de modelo o paradigma.

Lo que se necesita es dotar a España de un sistema educativo que garantice, no sólo el acceso a la educación, sino la igualdad de oportunidades, y que estimule la formación de capital humano. Se ha mantenido hasta ahora el patrón histórico de regular sin hacer tabla rasa de la ingente normativa anterior. No se han abordado de verdad los problemas, que ni siquiera se ha llegado a identificar correctamente: se ha preferido poner parches que, aunque teóricamente o en otros países puedan funcionar, en el contexto español pronto se desvirtúan y se impregnan de los vicios del sistema. Cualquier reforma que se pretenda realmente efectiva debe tratar de evitar tales errores.

Hay quienes proponen la total liberalización del sistema educativo como único medio de obtener resultados. Esto supondría un cambio radical en la forma de financiar la enseñanza. En este modelo, la financiación directa al estudiante sustituiría a la financiación a las instituciones –escuelas, institutos y universidades públicas— que tendrían que responder así ante sus clientes, sus estudiantes, quienes cambiarían de centro cuando el servicio recibido fuera insatisfactorio. Este método ha sido aplicado con éxito en Suecia en los últimos años, por ejemplo. Para que un cambio de esta naturaleza tuviera éxito en España, en el supuesto de que hubiera un gran acuerdo político para implantarlo, se requeriría además simplificar la regulación existente en todos los niveles educativos. Un cambio en la forma de financiación no tendría sentido si los centros educativos no gozaran de cotas de libertad de las que hoy carecen. La libertad de elección de los padres y de los estudiantes, que es lo que supone la financiación directa a los usuarios, debe ir acompañada de la libertad de organización de los centros y de la libertad de cátedra de los docentes. Dar mayores cotas de libertad a todos los agentes educativos requeriría un control efectivo de resultados por parte de agentes ajenos al sistema educativo. Ninguno de estos principios caracteriza al sistema educativo español en la actualidad, lo que explica la magnitud del reto al que se enfrenta la sociedad española y la enorme responsabilidad de la clase política que debe proponer una solución. Hasta ahora, se ha primado la igualdad en el acceso a la educación a expensas de la igualdad de oportunidades, que es algo distinto (que nadie con talento pierda la oportunidad de llegar hasta donde esté dispuesto y capacitado) y que es lo que verdaderamente garantiza que todo el sistema educativo atienda las verdaderas necesidades de los individuos y de la sociedad.

VII. Una vía media entre liberalización total e intervencionismo estatal

Entre la ruptura con el sistema actual que supondría la financiación directa al estudiante, y el continuismo, con más regulación y mayor burocratización, existe una vía intermedia fácilmente asumible políticamente.

1. En primer lugar, debe simplificarse el marco legal y centrarse, exclusivamente, en establecer los grandes objetivos que debe alcanzar el sistema educativo, dando libertad de organización a los centros y devolviendo la libertad de cátedra a los profesores para alcanzarlos.
2. En segundo lugar, deben ponerse en marcha mecanismos de seguimiento y control de resultados, es decir, de cumplimiento de objetivos.
3. En tercer lugar, debe vincularse la financiación de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, con el grado de cumplimiento de ciertos objetivos.

El Ministerio debiera legislar menos y actuar en cambio como organismo supervisor y director, dejando la organización interna de los centros educativos y de las universidades a su propio arbitrio. En general, su misión debiera ser juzgar la labor realizada y no dictar normas a priori.

Si la libertad de organización de los centros educativos, su autonomía, y la libertad de cátedra de los profesores son dos requisitos indispensables para un buen funcionamiento del sistema, la libertad de los estudiantes de elegir qué y con quién estudiar es el tercero y corresponde al Ministerio garantizarla

También debiera aumentar la exigencia de capacidad y cualificación de los maestros y profesores de enseñanza secundaria en la escuela pública

En resumen, el informe “España 2025” elaborado por el Colegio Libre de Eméritos propone reconducir el papel de las administraciones a supervisoras del cumplimiento de los objetivos, desregularizando el sector de modo que exista una verdadera libertad para ofrecer y escoger los medios -centros, metodologías, profesorado- capaces de lograr los objetivos formativos de un modo más eficiente.

Utilizando un símil que me parece oportuno, las administraciones deberían limitarse a evaluar los resultados del proceso educativo: sus objetivos de aprendizaje, y no la metodología para alcanzarlos, del mismo modo que la Dirección General de Tráfico concede o deniega los permisos de conducción en función de la habilidad del alumnos para conducir y no por la evaluación de su proceso de aprendizaje.

Reciba un cordial saludo,